MONARQUÍA DEL SIGLO XXI
Quiero
expresar la opinión, creo que compartida
por muchos, acerca del papel de la Monarquía en nuestro País y que bien podía
extrapolarse al resto de las monarquías, principalmente europeas.
Vaya por
delante mi más sincero aprecio personal por la persona del Rey y su familia; otra cosa
bien distinta es la duda razonable sobre el sentido soberano, su encaje
constitucional y político, y el papel que debe desempeñar la Monarquía del siglo XXI.
Ya conocemos
los antecedentes de la instauración de la Monarquía en nuestro país y su
vínculo en nuestras constituciones a la largo de la historia. Fue en el año
1967 cuando se inicia el camino para abrir España al mundo y aproximarse a
Europa, restaurando la tradición monárquica; y las Cortes y el Consejo del
Reino convocadas el 22-1-1975 proclamaron
definitivamente la figura del Rey.
Con la
aprobación de la Constitución de 1978, no sin recelo por parte de un amplio
sector de las filas socialistas, se establece en el título preliminar y en su
artículo 1-3 que “la forma política
del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. Pero cuando
nuestra Carta Magna establece en su artículo 9-1 que “todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto
del ordenamiento jurídico”; y en el artículo 14 dice: ”todos los españoles son iguales ante la ley, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”,
nos encontramos con una clara desigualdad y manifiesta contradicción entre la
persona del Rey y todos los demás individuos que formamos parte esencial de esta
sociedad.
En el Título
II que habla de la Corona y en los artículos 56-3 al 65 se establece
el Refrendo
por parte del Presidente de Gobierno, ministros o presidente del Congreso de
los diputados a los actos del Rey porque este, según nuestra constitución, es
inviolable y no está sujeto a responsabilidad. Los españoles han sabido
reconocer en la Monarquía un símbolo de paz, libertad y justicia social y por
lo tanto los actos del Rey deberían ser fiel reflejo de esa libertad,
de la justicia y la igualdad. Ya
lo expresó el Monarca el día de Nochebuena en su discurso de Navidad: “todos somos
iguales ante la ley”, en clara alusión, entiendo, al incidente judicial
destapado y que implica a un miembro de su familia.
También se
ha insinuado en los medios de comunicación la posibilidad de que el Rey
abdique. Pero estamos en lo mismo, abdicará, en su caso a favor de su heredero,
dándole su parabién y continuando de
esta forma la línea dinástica establecida, o sea perpetuando la Monarquía, ad infinitum. Aquí de lo que se trata,
no es de cambiar a las personas sino afrontar, de una vez por todas, el debate
sobre el hecho mismo de la Monarquía y su encaje en una sociedad moderna,
aunque a algunos esto le pueda parecer una pampringada.
El malestar
está a flor de piel por parte de un amplio sector de la población a raíz de los
últimos acontecimientos, incidentes y causas judiciales abiertas de algunos
miembros de la familia Real. Muchos se preguntan si perpetuar la Monarquía por
los siglos de los siglos tendrá mucho sentido en pleno siglo XXI. La clase
política lo dice con la boca pequeña, pero el sentir de una gran parte de la
sociedad es de rechazo, máxime cuando familias enteras las están pasando canutas
debido a la crisis económica más grave de los últimos tiempos.
Termino
diciendo, que si es verdad que estamos asistiendo a un cambio de ciclo en todos los sentidos y a todos los niveles, este tendría que alcanzar también a nuestra Monarquía, procediendo, con el
debido consenso como determina nuestra Constitución
en su artículo 168, a una revisión
del contenido esencial del Título II, dotándola de un contenido
claro y exento de ambigüedad, adaptándola
a los tiempos actuales, pero pensando también en los futuros que están aún por
venir.
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